Redacción Central BRUSELAS. Ante el fuerte rechazo a una distribución de migrantes por cuotas, la Unión Europea dejó entrever el lunes que podría descartar la adopción de medidas contra los países que rehúsen recibir una parte de los refugiados que llegan desde Grecia e Italia, si se encuentra acomodo para un número suficiente de esas personas.
Los países de la UE acordaron en septiembre último reubicar para septiembre de 2017 un total de 160.000 refugiados procedentes de Grecia e Italia, y fijaron las cuotas obligatorias para cada nación. Grecia e Italia se han visto desbordadas por la oleada de migrantes.
Aunque apenas unos 7.000 refugiados han cumplido más de la mitad del programa, la Comisión Europea afirma que el ritmo se acelera y podría alcanzar la meta en la fecha prevista.
La portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, dijo que “debería ser posible la reubicación de todos y ése es el aspecto importante en el que hay que concentrarse”.
A la pregunta de cuándo podrían adoptarse medidas legales contra los países que rehúsen cooperar, Bertaud dijo que si el objetivo general “es alcanzado, pues ése sería en principio el propósito del programa de reubicación”.
Sin embargo, la Comisión Europea “se reserva el derecho de tomar medidas” contra los países que no cumplan sus compromisos.
Hasta el viernes pasado, Austria, Dinamarca y Hungría no habían aceptado a ningún refugiado de acuerdo con el programa.
Hungría incluso convocó un referéndum para decidir si la UE debe imponer las cuotas, aunque pocas personas participaron en la consulta.
Por su parte, el presidente del partido de extrema derecha Jobbik de Hungría, Gabor Vona, dijo que presentará una propuesta ante el parlamento para que se incluyan cláusulas antiinmigrantes en la constitución.
Aunque casi idéntica a las enmiendas pretendidas por el gobierno pero rechazadas la semana pasada por el parlamento, la propuesta de Jobbik también prohibiría a los extranjeros obtener permisos de residencia en Hungría a cambio de la compra de un bono estatal especial de 300.000 euros (323.000 dólares).
Las enmiendas constitucionales propuestas inicialmente por el primer ministro húngaro Viktor Orban tenían como propósito fortalecer la postura del gobierno frente a cualquier futuro plan de la Unión Europea de reubicar a solicitantes de asilo entre las 28 naciones del bloque.
