Derechos del Ciudadano: Seguridad Pública y Justicia en la República Dominicana

GERMAN DIAZ BONILLA
germandiaz60@hotmail.com

SANTO DOMINGO. Los organismos del estado que tienen como misión fundamental la protección de la seguridad ciudadana no pueden todos los días hacer una apología del muro de las lamentaciones, endilgándole a otros poderes las causas que originan la endemia criminal prevaleciente en nuestro país.
Soy de opinión que el estado, mas concretamente los poderes legislativo ejecutivo y judicial deben fijar su atención, primero antes que modificar, reformar o crear nuevas leyes y códigos, en los grandes problemas sociales que propician la violencia y el delito, la inseguridad que nos abruma y la constante alteración del propio estado de derecho.
Estado de derecho que se resume en lo siguiente: la pobreza, la incomunicación, el abuso de autoridad, la impunidad, la crisis familiar, la internacionalización del delito con la consecuente importación de valores ajenos a los nuestros, la crisis económica, la connivencia de autoridades y el crimen organizado, el narcotráfico, la deficiencia en la educación, las malas leyes, la falta de autoridad en el acatamiento de la ley, el mal manejo de los medios masivos de comunicación, etc.
Es preciso que las instituciones del estado que tienen que ver con la seguridad publica y la criminalidad en coordinación con universidades del estado y privadas investiguen, clasifiquen, sistematicen los focos criminógenos que se manifiestan en la sociedad dominicana, particularmente los que tienen características endémicas en nuestros país (macro y microtráfico de drogas, robos, corrupción pública y privada, violencia familiar entre otros).
Una coordinación de la sociedad y el estado necesariamente tendría que trazar las pautas para combatir y eliminar la magnitud del problema de la criminalidad en la sociedad dominicana. No es echándole la culpa al Ministerio Público o a los Jueces, que el problema de la seguridad publica se resuelve, como si los fiscales y los jueces sirvieran para erradicar el delito.
Creo, si no estoy equivocado, que la función de estos órganos judiciales es aplicar la ley después de cometida la violación a la norma jurídica que es una especie de intervención a posteriori. Cada ciudadano debe prevenir que en su casa un ladrón le robe y el Estado a través de sus órganos que garantizan la seguridad ciudadana, debe prevenir que le roben a la gente, mientras que los órganos judiciales, Ministerio Público y Jueces actúan cuando se comete el robo.
Tan simple como decir que el ciudadano tiene el deber de una especie de prevención especial, el Estado de prevención general y finalmente si se vulnera la prevención entra el aparato judicial en función. Pero todo esto tiene que estar rodeado de garantías y procedimientos que van desde la profesionalización de los órganos de seguridad publica, respeto al debido proceso en la función de prevención y persecución del delito, hasta el reconocimiento al liderazgo institucional de los órganos de investigación, este liderazgo es impostergable para que se establezca una sola política de persecución penal que responda a los requerimiento de un estado democrático. Seguiremos con el tema.