Miembro del Poder Judicial, Policia Nacional y Dirección General de Drogas son involucrada por el Senador de la Provincia de Peravia

De comprarse que las acusaciones del respetado senador peledeísta son cierta, el Gobierno Dominicano debe rendirle honor a la gallardia de un hombre que ha ganado el respeto y el cariño de todo los pueblos y provincias del sur

Policias de alto rango de la Policía Nacional, Dirección general de Drogas y autoridades del poder judicial de la nación son mencionados como complice.

Guerrero es apoyado por sus homologos Dionis Sánchez, Charlie Mariotti y Diego Aquino.

Bernalda Páez
Dirección General de laverdadinformativa

SANTO DOMINGO. La verdad salio a flote este pasado lunes, cuando de una forma responsable el Senador por la Provincia de Peravia decidió dar nombres y apellidos de altos funcionarios del gobierno, involucrado en el narcotrafico según confirmó en rueda de prensa.
El licenciado Wilton Guerrero, de la bancada del PLD en el Senado, acusó al fiscal renunciante de Baní, Víctor Cordero, a los ayudantes fiscales Esther González y Maspero Hatuey Santana, y al director de la fortaleza, general policial Hilario González González, de actuar en complicidad con el narcotráfico.
Con un voluminoso legajo de documentos, los que afirmó “le dan para hacer una enciclopedia”, el legislador acusó a las autoridades de la fiscalía de Baní, de la DNCD y la Policía Nacional de “operar en contubernio con una banda de mafiosos” en esa zona y otra de Azua, la cual le da tumbes a narcotraficantes.
El detonante para la denuncia del legislador fue la matanza la semana pasada en Ojo de Agua, Baní, de siete narcotraficantes.
Guerrero no precisó los nombres de los agentes antinarcóticos que están involucrados en este delito, sin embargo, afirmó que todos los comandantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que han pasado por su provincia han actuado en complicidad con el narcotráfico, excepto el mayor Oscar Tejeda.
El legislador presentó las pruebas, cuyas copias contienen un sello del despacho del procurador general de la República, Radhamés Jiménez, que indica que fueron recibidas el 20 de septiembre de 2006, en estas denuncia la situación de delincuencia, criminalidad y narcotráfico que afecta a su provincia.
Entre estas figuran interrogatorios en el juzgado de niños y adolescentes del Distrito Judicial de Peravia, en la cual dos menores de edad que utilizan drogas hablan de la complicidad del entonces fiscal Cordero con el narcotráfico.
En estas, los adolescentes que declararon ante el tribunal dicen que “la droga la compramos en los puntos legales que le pagan a la policía” (calle 5 de Pueblo Nuevo y Santa Rosa).
Dijo que en un allanamiento en busca de una cartera robada en el lugar había drogas y le dijeron al entonces fiscal “llévese todo”, sin embargo, él les respondió “yo no estoy buscando drogas”.
En cuanto a la ayudante fiscal Esther González, la acusó de mala conducta, chantaje y de “tomar” el dinero de operativos.
“Yo pido que el Ministerio Público investigue la conducta de esa magistrada que sabemos que anda en pasos tortuosos, atropellando a la comunidad banileja, poniéndole drogas a ciudadanos para extorsionarlos, apoderándose del dinero que hacen en allanamientos y no lo hacen figurar en expedientes para cogérselo”, afirmó.
Guerrero también denunció que en Peravia operan unos 375 puntos fijos de drogas, uno de los cuales está frente a la Fortaleza de Baní y otro frente a la escuela pública Cabral Billini, situación que afecta a miles de adolescentes que van a ese centro educativo.
Señaló que los puntos de drogas están a la vista de todos y que en varias ocasiones el renunciante fiscal Cordero hablaba con sus propietarios.
Aseguró que el procurador Radhamés Jiménez actuó con negligencia, porque en 4 reuniones no hizo nada por combatir la realidad de la provincia Peravia.
“No se tomaron las medidas que debieron de tomarse”, dijo.
El legislador está confiado en que la comisión designada por el presidente Leonel Fernández para investigar su denuncia va a rendir un informe favorable.
La comisión la integran el procurador Radhamés Jiménez, el secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Aquino García y el jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
Entre los siete asesinados en Baní encuentran el venezolano Darío José Atencio Vargas (El Jefe o El Don), los colombianos Eduardo de León (Negro o El Gordo), Jesús David del Río Hans (Fierito), Antonio Zuluga y otro identificado sólo con el apodo de Blanquito; sobrevive a la matanza Orín Sánchez, quien se encuentra estable en un centro de salud.
El senador Guerrero dijo que ha pasado “un viacrucis” visitando autoridades desde 2004 (entre ellas 4 reuniones con el procurador Jiménez) con las “pruebas de su denuncia” y no ha recibido respuesta. En 2004 se reunió con el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, también en 2005.
Ese mismo año le planteó esa problemática al jefe de la Policía, a la sazón Bernardo Santana Páez (repitió esas visitas en 2006 y 2007). En 2006 se reunió con el consultor Jurídico César Pina Toribio, le repitió la visita al final de ese año, entre otras en busca de solución.
El senador dijo no temer por su integridad, sin embargo, estudia recibir la seguridad ofrecida por el Jefe de la Policía Nacional.