Otra vez la Suprema: Destruye la acción de amparo a juicio de Jaime Fernández del PRSD

Por la Redacción Central

SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia acaba de destruir la acción de amparo constitucional, que era uno de los pocos recursos que le quedaban a la ciudadanía para hacer prevaler sus derechos fundamentales a juicio de Jaime Fernández, vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD),
Fernández explicó que el proceder de la Suprema fue para favorecer los intereses de la Barrick Gold, mediante una jurisprudencia que desdice los avances de la justicia dominicana.
Mediante sentencia No. 244 del 11 de agosto del 2010, la Suprema Corte de Justicia crea un precedente funesto, porque casa una acción de amparo mediante eufemismos y argumentos circulares contradictorios que no justifican un proceso cautelar, restitutorio, tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de un derecho de propiedad o fundamental, a objeto de que se le restablezca a José Miguel de Peña, el pleno goce y ejercicio de su derecho de propiedad, sin prejuzgar como lo a hecho la Suprema Corte, de ninguna otra materia.
La Suprema Corte de Justicia dominicana acaba de reducir y subordinar la existencia de la violación de un Derecho Fundamental, para su sanción, a un requisito de formalidad insubstancial y determinante, como lo es en este caso, un deslinde o la reclamación de una deuda.
La referida sentencia, además, reduce el doble grado de jurisdicción reconocido por el artículo 69, párrafo 9 y 10de la Constitución, a la elemental salida de que el Tribunal superior que debe examinar la sentencia, en los casos de amparo, es la Suprema Corte de Justicia, y no una corte de apelación. Pero se contradice, cuando en vez de actuar como corte de apelación y casar sin envío, lo que hace es casar y envía nuevamente el expediente a otro tribunal de primer grado.
La acción de amparo era el procedimiento más completo en el derecho comparado, pues aparte de consagrar el sistema objetivo de la vigencia de la constitución, creaba distintos mecanismos para hacer valer los derechos y garantías constitucionales, incluso si se alega en la denuncia un interés difuso o colectivo. Era un medio rápido y eficaz, pero la actual Suprema Corte de Justicia acaba de destruir el amparo