Alianza contra la Corrupción solicita al Presidente revisar el patrimonio de los funcionarios

Por Miguel Medina
Redacción Central

SANTO DOMINGO.- Una revisión del patrimonio de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, fue planteada este domingo por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (ADOCCO) al presidente de la República Leonel Fernández, para establecer la procedencia de millonarias propiedades inmobiliarias en toda la geografía nacional.
El presidente de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, entiende que el mandatario debe ordenar la revisión de las fortunas de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los alcaldes, que contrasta con los niveles de pobreza de la gran mayoría del pueblo dominicano, en momentos que el país no ha podido cumplir con los objetivos del milenio.
De la Rosa Tiburcio también se manifestó de acuerdo con las medidas tomadas por el mandatario para cumplir con las recomendaciones de IPAC.
Asimismo, sugirió al primer mandatario la creación de una comisión encabezada por el Dr. Marino Vinicio Castillo, Radhamés Jiménez, Hotoniel Bonilla, Marcos Villaman, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el Reverendo Braulio Portes, para determinar la procedencia del patrimonio que poseen los funcionarios públicos y que no hacen constar en sus declaraciones juradas de bienes depositadas ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa. DPCA.
Opinó que con esa iniciativa el presidente Fernández estaría enviando una señal inequívoca de voluntad política de enfrentar la corrupción y lograr que baje la percepción que cada año mide Transparencia Internacional, y que mantiene por más de una década.
De la Rosa Tiburcio insistió en respaldar la decisión del presidente de acoger las recomendaciones emanadas de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, IPAC, ordenando a sus funcionarios que las 30 recomendaciones deberán ser acatadas, sobre todo la que ordena a la Contraloría que no autorice pagos a proveedores del estado en cuyo proceso de compras y contrataciones no se hayan cumplido las disposiciones de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
De la Rosa Tiburcio afirmó que la Ley 340-06 es violentada olímpicamente por funcionarios de los estamentos estatales, con pérdidas millonarias en detrimento del erario y en beneficio de funcionarios, empresas y empresarios del sector privado.