Explotación de recursos naturales promueve desalojos y pobreza RD

Por Faustino Reyes
Redacción Central

Campesinos denuncian MIC impide Barrick Guld pague terrenos de su propiedad, Gobierno lo excluye de vivienda

SANTO DOMINGO.- "Durante el gobierno del Presidente Leonel Fernández se han llevado acabo desalojos violentos en áreas donde residen comunidades agrícolas con grandes plantaciones. Los afectados son los campesinos, quienes al ser desalojados han perdido sus casas, cosechas y animales. Analistas coinciden en que éstas son acciones que responden a políticas represivas, en función de implementar el libre mercado, explotando recursos naturales, especulando en los mercados bursátiles y violando los derechos humanos."
Alrededor de doscientas 18 familias que forman parte de unos novecientos parceleros que fueron desalojadas de unos terrenos de su propiedad, para dar paso a la explotación de una mina de oro de parte de la empresa Barrick Guld, en el paraje Llagar-municipio Maimón, provincia Monseñor Noel, denunciaron que el Gobierno dominicano lo excluye de la viviendas y de los terrenos fértiles, para adjudicarlo a particulares.
El profesor Andrés González, vocero de los reclamantes dijo que la Comisión del Ministerio de industrias y Comercios hizo un levantamiento, mediante el cual valoró que por cada tarea de terrenos cultivado de cacao, café, naranjas y otros árboles frutales el Banco Mundial le pagaría a los campesinos 105 mil pesos, pero al momento de ejecutar el desalojo lo hicieron en forma arbitraria obligando bajo amenaza y presiones de todo tipos a firmar un documento para recibir alrededor de ocho mil 600 pesos por cada tarea, lo que fue rechazado por la mayoría.
Narraron que como parte del convenio el Gobierno estableció compensar con una permuta a los propietarios de parcelas no residente en el lugar minero y una reubicación en viviendas a las familias residentes, por lo que el Estado adquirió, mediante compra una 5 mil 600 tareas de terrenos propiedad del ganadero Héctor Cruz, donde sólo construyó 66 viviendas y reubicó a igual número de familias, dejando a su suerte a un cincuenta por ciento de los lugareños.
Tras señalar que la Comisión del Ministerio de Industria y Comercio cayó en la ilegalidad al despojarlos de sus parcelas arbitrariamente sin efectuar el pago correspondiente y sin cumplir los acuerdos. Al adjudicar las partes urbanas y fértiles a particulares, funcionarios del gobierno y personas allegadas a MIC, quienes levantaron siembra de piñas, yucas y otros cultivos, además distribuirla en fincas de ganados en violación a los derechos humanos.
"Las autoridades violaron el estado de derecho al no respetar el debido proceso durante el desalojo de aproximadamente doscientas 18 familias en el sector Llagar –municipio Maimón – provincia Monseñor Noel, quienes exigen el diálogo y el respeto a sus derechos de acuerdo con lo establecido en normas internacionales y nacionales, indicó el profesor Andrés González, representante de las familias que fueron desalojadas para dar paso a la explotación de la mina de oro por la Barrick Gold “
La cifra de lo no pagado supera en casi el 45% las inversiones de tipo social que la empresa hace fueron cuestionadas en su momento. Agricultores denunciaron en este contexto, la compra de voluntades de parte de los comisionados del gobierno a varios de sus representantes y defensores. Además, citaron una serie de estrategias para que la empresa minera pueda proyectar una imagen mediática noble, pese a que el proyecto ha provocado la violación de derechos humanos en el proceso de instalarse.
"Después de dos años de negociaciones con el gobierno, los campesinos rompen el diálogo, acusando al gobierno de no haber tomado en cuenta lo acordado inicialmente. Específicamente, miembros de las familias desalojadas se quejan de que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la nueva propuesta
Por lo que pidieron la intervención tanto del Presidente Leoner Fernández, como del nuevo incúmbete de la Barrick Guld, Miguel Ortega para que culminen con el pago adecuado de sus bienes, lo que garantizaría la reubicación de sus familias tal y como lo propuso el gobierno y la empresa minera.
Argumentaron que los comisionados se adjudicaron el área frontal y lateral al proyecto para convertirlo en fincas de ganados y para siembras de peñas, yucas y otros cultivos de su propiedad, para permutar a los agricultores le propusieron entregarles por dos tareas con árboles frutales, una en la loma y/o maleza, lugares inapropiados para la vida humana, el cultivo y la crianza de animales.
Eligieron una nueva Comisión campesina encabezada por el profesor Andrés González y apoderaron otra firma de abogado presidida por el licenciado Pedro Faría Marte, para que los representes en las negociaciones y de no surgir acuerdo, instrumentarán acciones pertinentes en los tribunales del país.