Redacción Central
Fuente: Declaraciones, Programas y videos deNuria Piera
La directora de Comunidad Digna, Juana Sánchez, es la mejor de todos, tiene a sus dos hijos, al yerno y hasta al ex marido supliendo alEstado, en especial, a la misma institución que dirige. ¡Cuánta angurria!
SANTO DOMINGO,República Dominicana.- La periodista Nuria Piera, en la edición de este sábadode su programa Nuria investigación periodística, reveló la dualidad en el rolde algunos funcionarios, que por un lado forman parte de la administraciónpública y por otro son proveedores de bienes y servicios, en franca violación ala Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Esta Ley explica que una gran variedad defuncionarios de los poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no podránser oferentes ni contratantes de servicios del Estado, incluso seis mesesdespués de haber cesado en sus funciones.
Nuria hizo una relación de funcionarios queprestan sus servicios o bienes al Estado, pese al interés mediático delPresidente en este tema:
El director de la Dirección General deContrataciones Públicas, Erick Hazim, nunca nos concedio una entrevista sobreel tema y eso que su eslogan es “Transparencia para el Progreso.
Licenciada Maritza López de Ortiz:
Es la administradorageneral del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi), con rango desecretaria de Estado y presidenta del Partido de Acción Liberal (PAL).administradora de la Región II de la Secretaría de Estado de Salud Pública, ytécnica en el Departamento de Economía Agropecuaria de la Secretaría de Estadode Agricultura. En el año 2004 fungió como directora general de Pasaportesdurante cuatro años. Mientras ejercía sus funciones públicas también esempresaria, es propietaria junto a su esposo e hijos de la compañía Electromédica, S.A.,ubicada en la Ortega y Gasset No.42, en el ensanche Naco, sonproveedores del Estado, y estánregistrados con el código 2362 en el renglón de Productos Médicos, Farmacia yLaboratorio en el listado de proveedores la Dirección General de ContratacionesPúblicas.
Le venden equipos médicos al Ministerio de SaludPública. En un reporte de pagos efectuados por el Ministerio de Salud del 1 deenero al 20 de mayo del año pasado (del cual tiene copia Nuria y mostró en suprograma de televisión), se puede ver que Electromédica S.A. recibió un pagopor la suma de RD$ 16,966,279.46. Y en otro, de cuentas por pagar, el Ministerio le debedesde marzo del año pasado la suma de RD$ 6,868,969.00. En una certificación de la Cámara de Comercioy Producción de Santo Domingo consta que dicha empresa tiene como actividadcomercial principal la prestación de servicios comerciales a instituciones ypersonas públicas y privadas en el campo de la ingeniería de equipos médicos yde comunicación en general, y fue constituida el 6 de enero de 1978 y susaccionistas en ese entonces eran: Héctor Bienvenido Ortíz Caminero, su esposo;Prudencio Vidal López Sánchez, su padre; Nicolaza Castaños de López, su madre;Maritza Altagracia López de Ortíz, directora del INAVI entre otras personas.
Pero según esta misma certificación de la Cámarade Comercio, en una Asamblea General Ordinaria que realizaron en fecha 25 deoctubre del 2011, ahora figuran como accionistas: Hector Bienvenido OrtizCaminero, su esposo; Francisco Ortiz López, su hijo; Michelle Ortiz López, suhija entre otros.
Maritza López ya no está en el listado deaccionistas, pero como quiera está violentando el artículo 14 de la Ley deContrataciones Públicas en su numeral 5, que reza: “Los parientes porconsanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado,inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos porla prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personasvinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayanprocreado hijos y descendientes de estas personas, no pueden ser proveedoresdel Estado”.
“Una de las practicas generalizadas en nuestropais es que funcionarios públicos y servidores tienen empresas que sirven desuplidoras al Estado Dominicano, obviamente aqui estamos ante un serio yprofundo conflicto de interes por un lado y es una forma de violentar las leyesy las disposiciones que tanto a nivel nacional como internacional establecenmecanismos para evitar que se aproveche la participacion en el Estado paraobtener beneficios de manera particular”, dijo Nuria.
Gerardo Gonell Santana:
Desde el 2008 essupervisor de la Región Norcentral del Inespre con un sueldo de RD$ 30, 000.00pesos, según la nómina de la institución. Es Regidor del Ayuntamiento delDistrito Municipal de Jacagua, Santiago, devengando un salario mensual de RD$34, 000.00 desde el año 2009.
Sin embargo, también es el directorAdministrativo y Financiero del Consejo Nacional de Población y Familia(Conapofa) desde agosto del 2011, ganando RD$ 50, 000.00 mensuales. “Y por sifuera poco, le vende pan y bizcochos al Ministerio de Educación para eldesayuno escolar de toda la Región del Cibao”.
Según un informe del Ministerio de Educación,uno de los pagos que recibió Panificadora Gonell o Gerardo Gonell Santana en el2011 fue de RD$ 687,063.02 mediante cheque No.34182.
En la página web de la Dirección Nacional deContrataciones Públicas aparece su negocio registrado bajo el nombre deEmpresas Gonell SRL, ubicado en la avenida Circunvalación No.4, en Santiago,pero en esa dirección no está ubicada esta empresa y el número de teléfono quetiene registrado es el de su casa, ubicada en la Capital. Mientras que en laCámara de Comercio no figura ningún registro de negocio con este nombre.
La Ley de Compras y Contrataciones (340-06)establece de forma clara, en su artículo 14, quiénes no pueden ser proveedoresdel Estado, y ahí indica que ningún funcionario público, servidor de oficinacentralizada o descentralizada del Estado, ninguna autoridad de losayuntamientos, ningún funcionario de dirección del Estado puede vender orecibir bienes o servicios al Estado.
Contralmirante Luis Rafael Lee Ballester:
Es General de laMarina de Guerra y actual director del Cuerpo Especializado de SeguridadPortuaria y a su vez propietario del Restaurant D' Luis Parrillada, ubicado enla avenida George Washington y es suplidor del Estado en el renglón dealimentos y bebidas con elcódigo 11861.
Thania Mercedes Baez Dorrejo:
Es regidora por el PLDde la Circunscripción no. 1 del Distrito Nacional y subdirectora del INVI. Aúncuando no está en el listado ni en la nómina de la institución, luego de unadenuncia hecha por nosotros (Nuria, investigación periodística) por violar laLey del Servidor Público que prohíbe que un funcionario reciba dos sueldos delEstado, Báez Dorrejo aparece en el listado de proveedores del Estado en elrenglón de Audiovisuales con el código 9947, ubicada en la Gustavo Mejía Ricart esquina Lope deVega, donde funciona otra empresa desde hace muchos años y no la conocen, y esla dirección que está en la lista actualizado de los proveedores del Estado.
Wandel Cuevas Peña:
Es Viceministro delMinisterio de la Juventud, dirige el Programa Barrio Joven y, según unacertificación de la Cámara de Comercio y Producción, es propietario de laempresa IES Blear, cuya actividad comercial consiste en la comercialización ydistribución -al por mayor- de productos farmacéuticos, utensilios y equiposelectrónicos. Está ubicada en el barrio Duarte de Las Palmas de Herrera. Segúnla certificación se constituyó en el 2007, y su registro mercantil estuvovigente hasta septiembre del 2011. Es proveedor del Estado con el código 6858 ysuple medicamentos al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, y alMinisterio de Salud Pública. La violación a la Ley 340-06 contemplasanciones muy concretas que van referidas a la suspensión de estos funcionariospúblicos, al no pago de sus salarios por un periodo determinado o puede ser lasuspensión definitiva.
Comunidad Digna ¿contra la pobreza o afavor de la familia de su directora?
En la parte final deesta investigación, Nuria revela que Juana Sánchez dirige la Dirección General de Comunidad Digna desdeel año 2004. Esta dirección tiene como misión promover el desarrollo integralde las personas, grupos y comunidades que viven en situación de pobreza eindigencia.
“Pero parece ser que los que verdaderamente sebenefician de comunidad digna son los familiares de la directora ya que lamayoría de ellos son los suplidores de la Institución”, dijo la reputadaperiodista, para de inmediato empezar a citar los ejemplos en los que sustentasu señalamiento:
Rosalba Elizabeth Morera Sánchez (hija)
Es hija de ladirectora de Comunidad Digna, ysegún una certificación de Impuestos Internos es accionista de la compañía DetallesG&R CxA. Junto a su esposo Ricardo AybarFéliz y Glenys de la Cruz, son proveedores del Estado bajo el código3143, y suplen a Comunidad Digna de canastasnavideñas y canastillas de bebe. “Llamamos al teléfono que tienen registrado enel listado de proveedores del Estado y allí contestan normal como si fuera deuna casa de familia, pero cuando preguntamos dicen que es la Farmacia Ideal yque también funciona detalles GyR, de la que la dependiente no supo dardetalles”.
Ricardo Rafael Aybar Féliz (yerno)
Es el yerno de JuanaSánchez, esposo de su hija Rosalba, y tiene la empresa Ram MegaSoluciones. Junto al subdirectorAdministrativo de Comunidad Digna, el licenciado José Ant. Lara Mejía, lesuplen a la institución equipos de computación.
Estos dos últimos, además de violar la Ley deCompras y Contrataciones Públicas también violan la Ley 41-08 de FunciónPública, porque, además de familiares de la directora de Comunidad Digna yproveedores del Estado, son empleados públicos.
Rosalba es Ministra Consejera en Panamá:
Nombrada el año pasadomediante el decreto 345-11, pero actualmente trabaja en Funglode en elDepartamento de Eventos, como coordinadora de la Copa Funglode; y su esposoRicardo es empleado de la CDEEE, como miembro del consejo directivo de laUnidad de Electrificación Rural y Sub Urbana con un salario de RD$130,000.00.
Ramón Leonel Pérez Martínez y Ramón Leonel Pérez Sánchez (ex esposo e hijo,respectivamente): Son los propietarios deImpresora Perez, la cual tiene como actividad económica las artes gráficas,producción industrial, servicios generales, y todo tipo de impresión. Éstostambién son proveedores del Estado con el código 1627, y, por supuesto, suplidores de Comunidad Digna.
“La ley va mas allá porque establece quefamiliares de funcionarios públicos no pueden ser oferentes del EstadoDominicano a través de empresas que tienen como propiedad o a través de unamodalidad que lamentablemente se ha estado usando mucho en el país y es que através de funcionarios públicos tienen testaferros a nombre de los cuales creanalgún tipo de empresa para que por esa vía estén dando servicios y ofertandobienes o contrataciones al Estado Dominicano”.
Otros casos de violación a la Ley 340-06
Juan Bautista Lizardo Mezquita:
Es hermano delContralor General de la República, el licenciado Simón Lizardo Mezquita, ypresidente de la empresa J. Lizardo y Asoc., es proveedor del Estado en el rubro de Construccióny Edificaciones con el código 15352.
Elías Narcizo Eduardo Wessin Betances:
Es hermano delAdministrador de Bienes Nacionales y suplidor del Estado en el área deconstrucción y edificaciones con el código 10415.
“Yo creo que este tipo de practica no puedenpermitirse en nuestro país y que la Dirección de Compras y Contrataciones tienela responsabilidad de investigar a profundidad estos casos y de someter yestablecer las sanciones de lugar a aquellos funcionarios públicos que estánincurriendo en este tipo de práctica”, opinó la periodista Nuria Piera.
“Mientras, el director de la DirecciónGeneral de Contrataciones Públicas, Erick Hazim, nunca nos concedio unaentrevista sobre el tema y eso que su eslogan es “Transparencia para elProgreso””, terminó diciendo Nuria Piera.
