Redacción CentralSAO PAULO.- La presidenta Dilma Rousseff ganó tiempo y tomó aire después de una semana de turbulencias en las que Brasil perdió su grado de inversión, ella fue forzada a realizar cambios en su equipo económico, bajó todavía más su popularidad y se mantiene latente un eventual juicio político en su contra.
A pocos días de completar el primer año de su segundo mandato, Rousseff consiguió apaciguar, por lo menos transitoriamente, las tensiones que vive su Gobierno después de que la Corte Suprema ordenó el jueves reiniciar todo el proceso en la Cámara baja para un eventual juicio político con fines de destitución.
Con esa decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que fue celebrada por la base oficialista, el proceso que se adelanta en el Congreso puede quedar pendiente para el año próximo, con lo que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) ganaría tiempo de maniobra para reunificar la base aliada y preparar mejor la defensa.
En teoría, el receso parlamentario está previsto entre el próximo martes y febrero de 2016, aunque el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, señaló que convocará a una reunión el lunes para consultar de todas formas sobre la posibilidad de suspender ese período y poder convocar a sesiones extraordinarias como las que implica el caso.
No obstante, el presidente del Senado, Renán Calheiros, favorable a Rousseff, declaró “clausurado” el “año legislativo” por reformas en los servicios sanitarios femeninos de la Cámara alta, que de abrirse el juicio político tendrá una decisiva participación.
Tanto Calheiros como Cunha pertenecen al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presidido por el vicepresidente del país, Michel Temer, pero una división interna de ese colectivo político, el mayor de Brasil, aviva la tensión política alrededor de Rousseff.
Cunha, que al igual que Calheiros integra la lista de una cincuentena de políticos investigados por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, es contrario a Rousseff y, en uso de sus facultades como jefe de Diputados, dio el aval para iniciar en el Legislativo el proceso del juicio.
A pesar del tiempo que el Ejecutivo y la base oficialista ganarían, el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, se mostró a favor de la suspensión del receso parlamentario y acelerar el proceso, confiado en que la oposición no tiene argumentos para que se instaure el juicio.
Rousseff es acusada de maquillar el informe contable que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
El respiro en el tema del juicio político coincidió con otros hechos que agitaron la vida pública del país en esta semana, en la que se divulgó una nueva encuesta que confirma el bajo índice de popularidad de la mandataria, con un 10 % de aprobación y un 70 % de rechazo a su gestión.
Por lado económico el país sufrió un revés con la rebaja de la nota soberana brasileña por parte de la calificadora de riesgo Fitch, que sumado al de Stardard & Poor’s, en septiembre, confirma la pérdida del grado de inversión, que se da cuando dos de las tres grandes agencias retiran el estatus de buen pagador.
A esto se sumó la salida del Gobierno del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, quien el viernes renunció a su cargo después de varias semanas en la cuerda floja y sin el respaldo pleno del Ejecutivo.
Levy, el preferido del mercado, intentó liderar un amplio ajuste fiscal para enderezar las maltrechas cuentas del país, con un severo control del gasto público, pero sus medidas, que eran esperadas por las calificadores de riesgo, no avanzaron como se esperaban en el Congreso debido al embate político.
La mandataria designó al titular de Planificación, Nelson Barbosa, de un perfil más político, en el lugar de Levy, quien se habría molestado por el reajuste del superávit primario para 2016 propuesto por el Ejecutivo del 0,5 % del producto interior bruto (PIB), diferente del 0,7 % defendido por el ministro.
Con Barbosa al frente del equipo económico, Rousseff espera consolidar un ajuste fiscal menos severo que el propuesto por Levy y agradar a una buena parte de los Congresistas y a los movimientos sociales que a pesar de respaldar a la mandataria en el tema del juicio político presionaban por la salida del anterior ministro.
