Por
Margarita Cedeño de Fernández
Opinión
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ha dado en la diana con el título y el enfoque de su más reciente Informe
Regional, que trata sobre el desarrollo humano en América Latina y El Caribe.
Al
propiciar una discusión amplia sobre el significado de progreso para la
sociedad actual, el PNUD nos invita a una reflexión profunda sobre el concepto
del bienestar, en un mundo que considera que la calidad de vida está
indefectiblemente atada a la generación de recursos económicos.
Tenemos
que coincidir con el informe, en el sentido de que el “bienestar va más allá
del ingreso”, porque existe un enfoque multidimensional de la pobreza que
conmina a los policymakers a
formular políticas pensadas desde un enfoque multidimensional e integrado.
Para
quienes ejercen la función pública, es importante adoptar un nuevo paradigma
del progreso y su enfoque multidimensional, que plantea que no debe existir un
concepto de desarrollo que “disminuya los derechos de las personas y las
comunidades, ni que amenace la sostenibilidad ambiental”.
Es
el discurso preciso para batallar contra la desigualdad social, que ha venido
construyéndose desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen y que en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha tomado cuerpo, ampliando sus dimensiones.
En
el caso de América Latina y El Caribe, que ha sido abordado en detalle por el
Informe, aunque se han observado mayores logros que los esperados en la mayor
parte de los indicadores, se requiere el diseño de políticas públicas que
aseguren la permanencia de estos logros, de manera que se evite una recaída de
las personas que han logrado salir de la pobreza.
Por
un lado, se trata de continuar reducción la pobreza de manera sostenible,
teniendo como base los programas de protección social – como es el caso deProgresando con Solidaridad – para luego
fortalecer las áreas de educación e inserción laboral.
Como
se ha hecho en otros informes de desarrollo, el PNUD advierte sobre las limitantes del mercado laboral en
la región, especialmente en cuanto a la existencia de una alta cantidad de
trabajadores informales, con su consecuente exclusión de la seguridad social.
Por
otro lado, se requiere de medidas de protección y resiliencia ante eventos económicos,
personales y ambientales adversos, que amenazan la economía familiar.
Un
ejemplo de esto último es el seguro de vida que hemos implementado para
beneficiarios de la tarjeta Progresando con Solidaridad, a
través de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), el cual auxilia a
las familias en caso de muerte del Jefe o Jefa de familia beneficiario (a),
situación que normalmente merma los escasos recursos familiares y lleva a
sus miembros a una recaída en su condición de pobreza.
Una
importante discusión para la región es la sostenibilidad y universalidad de los
sistemas de protección social. En toda América Latina y El Caribe ha operado
una expansión de las transferencias públicas, que explican en gran medida los
logros sociales. Sin embargo, existe un límite fiscal en varios países de la
región, como es el caso nuestro, que han desacelerado el impacto de las políticas
sociales. La estrechez del espacio fiscal amerita una discusión amplia en toda
la sociedad.
En
definitiva, debemos trabajar en pos de una agenda que persiga el progreso, pero
nunca “en detrimento del medio ambiente, de la cohesión social o de la propia
legitimidad democrática”. El informe del PNUD es de lectura obligatoria para
todos los que participan de la concepción de las políticas públicas.
