Redacción CentralEE.UU.- El gobierno de Donald Trump puso fin este viernes al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 56,000 hondureños, quienes tendrán varios meses para que abandonen el país o regularicen su situación por otras vías, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un memorando. Ahora tendrán hasta el 5 de enero de 2020 (18 meses) para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.
"La decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original para el TPS del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones continúan existiendo", dice el comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen. Asegura que las condiciones en el país tras el paso del huracán Mitch en 1998 "han mejorado notablemente".
La agencia asegura que hasta que termine el plazo de estancia que han establecido podrán seguir renovando sus permisos de trabajo.
Pero ese plazo vence el 5 de julio y, por ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía informar 60 días antes de la fecha tope su decisión de cancelar el programa o concederle una nueva extensión. Es decir, que para este viernes –a más tardar– se esperaba la noticia.
El amparo ha estado vigente desde 1999, un año después de que el país centroamericano sufrió el embate del huracán Mitch, la razón por la cual se le otorgó protección temporal a los indocumentados hondureños que vivían desde ese entonces en EEUU.
Los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años, según datos del Center for American Progress, un instituto independiente y apolítico. Son además padres de al menos 53,500 niños nacidos en este país. De los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.
Una de esa personas es Iris Acosta. Tiene 52 años y ha vivido 25 en Estados Unidos. Llegó como muchos, sin documentos. Fue arrestada y liberada en más de una ocasión. Y regresó de varias formas, incluso a bordo de una limusina en la que la montaron los coyotes. Eso hasta que aprobaron el TPS para los ciudadanos de su país –y para los nicaragüenses– el 5 de enero de 1999.
Fue el presidente demócrata Bill Clinton quien le dio el visto bueno a la decisión como una respuesta humanitaria tras el impacto del huracán Mitch en Centroamérica en octubre de 1998, que dejó más de 10,000 muertos, la mayoría en Honduras. Desde que entró en vigor, había sido renovado ininterrumpidamente más de una docena de veces y en cada ocasión, los beneficiarios fueron sometidos a rigurosos chequeos.
"¿Usted se imagina todo lo que yo
he aportado a este país? Se me hace muy injusto con nosotros que nos
quiten este beneficio. Yo pago impuestos, pago todo", dijo Acosta por
teléfono a Univision Noticias.
"Yo no me veo regresando a Honduras".Acosta es madre de tres adultos, pero los dejó en Centroamérica cuando eran apenas niños y se marchó a Estados Unidos con el objetivo firme de darles una mejor vida. Con lo que gana trabajando como empleada de limpieza en un hotel de California –poco más de 2,500 dólares al mes– los ayuda a ellos y a su madre, que se ha enfermado en varias ocasiones. Además, paga su renta de 1,000 dólares mensuales y su seguro médico, tan necesario para ella pues es sobreviviente de cáncer.
Con este panorama, Estados Unidos la obligaría a buscar otra opción para ajustar su estatus o salir del país y dejar atrás todo por lo que tanto trabajó, como ha pasado con otros más de 300,000 centroamericanos que perdieron este beneficio por decisión del gobierno de Donald Trump.
Ya han quedado sin TPS más de 2,500 indocumentados de Nicaragua que ahora tienen
hasta el 5 de enero de 2019 para abandonar el país. Lo mismo ocurrió con
casi 200,000 indocumentados de El Salvador, que tienen
hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de suelo estadounidense, y con
cerca de 60,000 haitianos con el 22 de julio de 2019 como fecha límite.Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, el 85% de los beneficiarios de TPS de Honduras están inmersos en la fuerza laboral de Estados Unidos. En un porcentaje similar (más de 80%) se encuentran los inmigrantes indocumentados con este estatus nacionales de El Salvador y Haití.
En su mayoría, los salvadoreños y hondureños con este amparo en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción. Mientras, los haitianos tienen empleos en restaurantes y negocios de comida, refiere el American Immigration Council.
En promedio, sus ingresos anuales están entre los 40,000 y 50,000 dólares, por debajo de la media nacional de 57,617 dólares del país, según cifras de 2017 de la oficina del Censo.
Además, estiman que uno de cada nueve centroamericanos beneficiarios de TPS trabaja por su cuenta con negocios que fundaron (27,000 en total) y generan puestos de trabajo para más personas.
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"Como miembros de larga data en las comunidades a lo largo de Estados Unidos y una parte vital de la fuerza laboral, los beneficiarios del TPS provenientes de El Salvador, Honduras y Haití han agregado un valor a la economía de Estados Unidos", concluye el American Immigration Council.
Y más allá de los ingresos, esta organización explica el nivel de arraigo de quienes ven ahora en riesgo sus permisos de estadía y trabajo luego de al menos 20 años de haber residido y hecho vida en el país: un aproximado de 273,000 niños de estos beneficiarios nacieron en Estados Unidos.
La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen (por Florida) pidió al Congreso aprobar la ley Esperer, cuyo proyecto de ley fue redactado por el también congresista Carlos Curbelo. Con él se podría otorgar estatus legal de permanencia a los indocumentados protegidos por el TPS y permitirles aplicar a la residencia permanente. El proyecto se encuentra estancado en la Cámara de Representantes por falta de apoyo bipartidista.
El plan de Iris Acosta
Iris Acosta ya ha comenzado a sentir los efectos del fin de su TPS.
El pasado 15 de abril, la empresa hotelera en la que trabaja le envió una "notificación de 90 días" recordándole que el próximo 4 de julio de 2018 expirará su permiso de empleo. Si no presenta una renovación antes de esa fecha será removida temporalmente de su cargo por no más de 21 días. "Si no puede proveer la documentación actualizada para cuando terminen esos 21 días usted será separada de su puesto".
Por la misma razón, el banco le negó un crédito hipotecario para comprar una vivienda.
"¿Se imagina cómo me siento? No quiero ni ir a mi casa, me la paso dando vueltas, me duele la cabeza", dice.
Por ahora, su plan A es quedarse en Estados Unidos hasta el último día que sea posible. Su plan B es irse a España, donde tiene familia. Regresar a Honduras no es una opción, dice, por los malos salarios, las inequidades y la violencia que vive el país por las pandillas, sus extorsiones y su poco respeto a la vida de nadie.
Quedarse en Estados Unidos sin documentos tampoco le agrada. "Si ya no nos quieren aquí, honestamente, ¿para qué vamos a estar?", lamenta. "Ahorita estoy como las piedras, resignada, pero aún así no deja de doler. Uno mira adelante, pero no deja de mirar a atrás, porque de un día para otro se acabará todo lo que uno ha construido".
