Redacción CentralFuente. Univision
EE.UU.- El presidente Donald Trump
firmó este martes una orden ejecutiva que ofrecerá a las policías
locales la posibilidad de incrementar el entrenamiento de sus agentes
sobre el uso de la fuerza y alimentar una base de datos nacional sobre
incidentes de abuso, como incentivos nuevos para acceder a fondos
federales.
"Es
una acción histórica para entregar un futuro de seguridad para
estadounidenses de cada raza y religión", dijo el mandatario justo antes
de firmar el decreto durante una ceremonia celebrada en el Jardín de
las Rosas de la Casa Blanca.
Al acto
asistieron el fiscal general, William Barr, el secretario interino de
Seguridad Nacional, Chad Wolf, los senadores republicanos Mitch McConnell y Tim Scott, y los representantes republicanos Louie Gohmert, Pete Stauber, Kelly Armstrong, Guy Reschenthaler y Jim Jordan.
El
decreto establece además como prioridad el entrenamiento para agentes
policiales y trabajadores sociales que responden a incidentes que
involucran indigentes, adictos a diferentes sustancias y personas con
problemas de salud mental.
La orden ejecutiva es la respuesta de la Casa Blanca a las multitudinarias protestas ocurridas a lo largo del país contra el abuso policial y el racismo tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo.
Trump
indicó que el decreto solamente autoriza a los agentes policiales
aplicar estrangulamiento, o una polémica técnica de inmovilización del
cuello, para neutralizar a un detenido si el policía está en riesgo
mortal.
Floyd falleció después de que su cuello fuese presionado por la rodilla de un policía durante casi nueve minutos.
No contempla el retiro de fondos
No contempla el retiro de fondos
Altos
funcionarios del gobierno dijeron el pasado lunes que el decreto fue
fruto de reuniones con entes policiales y familias de personas que han
perdido la vida a manos de agentes policiales, y que es parte del
trabajo de seguimiento a la reforma del sistema de justicia penal a
fines de 2019.
La propuesta de Trump no incluye retirarle fondos a los cuerpos policiales, una exigencia planteada por Black Lives Matter
y otros grupos de activistas y que oscila desde la eliminación de los
departamentos de policía hasta la reasignación de presupuestos
policiales hacia programas sociales como parte de una estrategia
preventiva de delitos a largo plazo.
"No necesariamente tienes que demonizarlos o sacarle fondos (a las policías), pero si creas un sistema igualitario de buenas prácticas, habrá una competencia para lograr la mejor postulación para acceder a los fondos" federales, argumentó un alto funcionario de la administración que pidió el anonimato por no estar autorizado a conversar con periodistas.
"No necesariamente tienes que demonizarlos o sacarle fondos (a las policías), pero si creas un sistema igualitario de buenas prácticas, habrá una competencia para lograr la mejor postulación para acceder a los fondos" federales, argumentó un alto funcionario de la administración que pidió el anonimato por no estar autorizado a conversar con periodistas.
Trump reiteró el martes su oposición a la posibilidad de sacarle financiamiento a las policías.
"Sin policía hay caos, sin ley hay anarquía, sin seguridad hay catástrofe", indicó.
El
jefe de estado ha respondido a las protestas llamando a los
manifestantes terroristas, militarizando la capital estadounidense
durante varios días y presionando a funcionarios locales para que
respondan con mano dura con un mensaje de "ley y orden".
La
Casa Blanca considera que la firma de la orden ejecutiva es solo un
paso previo que debe ser complementado con acción legislativa.
La bancada demócrata en el Congreso
propuso la semana pasada una ambiciosa reforma policial, la cual
incluye una prohibición a maniobras de estrangulamiento y plantea la
creación de un banco de datos sobre incidentes con abuso de fuerza.
Tim
Scott, el único senador republicano negro, presentará esta semana la
propuesta de su partido para reformar a las policías, pero aún no está
claro si habrá consenso bipartidista que permita la promulgación de una
nueva ley.
