La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) valoró como positiva y trascendente la discusión y consenso para la aprobación de una ley de partidos

Por Arismendys Gómez
Editor de Políticas

SANTO DOMINGO. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) valoró como positiva y trascendente la discusión y consenso para la aprobación de una ley de partidos políticos, que dote al país de un marco jurídico referencial que incluya el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, la depuración de los candidatos a cargos electivos, el monopolio y forma de acceder a las candidaturas hasta ahora en manos exclusivas de los partidos políticos; el control y erradicación del clientelismo, la discrecionalidad y reserva de las candidaturas en manos de las cúpulas partidarias; lo relativo a las primarias y alianzas, y la garantía del voto libre y secreto en las elecciones internas, entre otros temas importantes a considerar.
El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini llama a la clase política a no festinar este instrumento fundamental para el desarrollo y ejercicio de la democracia en la República Dominicana.
Trajano Potentini urgió a la clase política dominicana y a la Junta Central Electoral a mancomunar esfuerzos en la revisión, adecuación, modificación y armonización de la Ley Electoral con la nueva constitución, indispensable para albergar los preceptos generales y especiales que acogerán el desarrollo, funcionamiento y aplicación de una eventual ley de partidos políticos.
Dentro de las urgencias aludidas Potentini citó la creación de una ley orgánica del Tribunal Superior Electoral; de igual forma, una ley de procedimiento electoral, indispensables para conformar la plataforma jurídica que se necesitará para el conocimiento de los diferendos y conflictos que puedan surgir en el seno de los partidos políticos.
De igual forma, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) recordó que la nueva Constitución de la República trastorna el andamiaje jurídico electoral, haciéndose necesaria la reorganización de lo que será la nueva Junta Central Electoral, compuesta por cinco miembros; así como la creación de leyes relativas a los referendos aprobatorio y para consultas populares, y a la iniciativa legislativa popular. Modificaciones y creaciones todas ineludibles para posibilitar el afinamiento y perfil legal del sistema jurídico político electoral; y sobre todo se pone de manifiesto el imperativo de integrar en un código electoral todos las leyes, decretos y resoluciones complementarias sobre materia electoral.