miércoles, 20 de octubre de 2010
Los dueños de colegios creen Melanio busca desviar atención
Por la redacción Central
SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Centros Educativos Privados dijo hoy que el ministro de Educación, licenciado Melanio Paredes, con el tema de la tarifa de los colegios busca desviar la atención sobre el problema del desayuno escolar, la falta de aulas y las denuncias de irregularidades administrativas en esa dependencia.
La licenciada Rosa Ariza, presidenta de los cenros educativos privados, dijo que le apena que Paredes diga que desconoce la Ley 86-00, la cual ha sido ampliamente debatida desde hace años.
Precisó que la institución que dirige no se opone a que Educación regule las tarifas de los colegios, pero debe ser como establece la ley, por la categoría de cada centro.
Le pidió a Paredes que inicie el proceso de categorización de los centros privados, antes de hablar de tarifas, “porque siento que se está burlando del país frente a los problemas que tiene su ministerio”.
Señaló que esa regulación de tarifas debe ser acompañada con una regulación en los precios de los combustibles, del servicio de agua y energía que pagan los colegios, así como los impuestos de Itebis, propiedad inmobiliaria, seguro familiar y otras cargas que tienen esos centros.
Recalcó que los colegios privados no temen a la aplicación de la Ley 86-00, pero debe hacerse de manera conjunta con los servicios que ofrecen esos centros educativos.
“Nos dio mucha pena, escuchar de los labios de Melanio decir que descubrió una ley que regula las tarifas. Qué casualidad, precisamente en los momentos en que el Ministerio de Educación es cuestionado en diferente áreas”, subrayó.
En tanto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y dos senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijeron hoy que la educación es un derecho y no una mercancía y que sobre ese parámetro deben ser reguladas las tarifas en los colegios privados.
El presidente de la ADP, licenciado Radhamés Camacho y los senadores peledeístas Félix Nova y Francis Vargas, declararon por separado que los padres de familias no pueden vivir todos los años en la incertidumbre de que les van a aumentar la colegiatura de sus hijos.
Coincidieron en que reconocen los aportes de los colegios privados frente a la dificultad del Estado de dar cobertura a toda la matrícula estudiantil.
No obstante, precisan que los beneficios de los centros particulares deben ser sobre la base de la educación no puede verse como un gran negocio, sino, como un derecho ciudadano.
Las ex ministras de Educación, doctora Milagros Ortiz Bosch y licenciada Alejandrina Germán, declararon ayer por separado que no resulta fácil la aplicación de la referida Ley por la supervisión, capacitación de maestros y otras variables.
Paredes dijo que la Ley 86-00 no había sido aplicada por las ex ministras de Educación, Ortiz Nosch ni Germán.
Sin embargo, Ortiz Bosch se defendió y dijo que su gestión sí aplicó esa ley e inició la categorización de los colegios privados.
Paredes adelantó que aplicará la referida ley para el próximo año escolar para beneficio de los padres que tienen sus hijos estudiando en centros privados.
La Ley 86-00 establece que las tarifas de los colegios se revisarán cada tres años bajo la supervisión del Ministerio de Educación.
Establece que las tarifas podrían ser revisadas antes, si un colegio demuestra que ha hecho inversiones en la planta física, capacitación de los maestros y equipamiento del plantel que se revertirán en favor de los estudiantes.
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