martes, 12 de julio de 2011
Diputados modifican Ley 72-00 sobre Lavado de Activos
Por la Redacción Central
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 33 de la Ley 72-00 de Lavado de Activos, el asignará un 30% a la Procuraduría General de la República. La iniciativa ahora distribuirá los demás recursos en un 30% a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); 25% al Consejo Nacional de Drogas (CND) y un 15% a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la prevención de consumo de drogas. La pieza iniciar planteaba que los recursos generados por la legislación fueran distribuidos en un 25% para la Procuraduría, un 25% para el CND, igual proporción para la DNCD, un 15% para las ONGs que trabajan en la prevención de consumo de drogas, y un 10% para el Ministerio de Deportes.
La pieza fue acogida favorablemente por 125 diputados; dos votaron en contras y cuatro se abstuvieron.
El pleno acogió favorablemente un pedimento de la comisión de Ministerio Público, que preside Carlos Guzmán, para que la pieza fuera aprobada este martes.
Con la probación del proyecto ley, se excluye de los beneficios al Ministerio de Deportes.
Durante la sesión se presentaron varias modificaciones a la iniciativa, pero fueron dejadas sobre la mesa hasta la sesión de este miércoles.
El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, introdujo el proyecto a través del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que modifica el artículo 33 de la ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El jefe del Ministerio Público argumentó en el proyecto que en la actualidad existe una insosteniblidad en el sistema penitenciario, por carecer del os recursos para garantizar una eficiente labor y buen trato a los encarcelados.
Los diputados, además aprobaron una resolución de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También sancionaron positivamente la resolución de la convención interamericana sobre tráfico intencional de menores, suscrito en México el 18 de marzo
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