Redacción Central
DENVER, Colorado.- Fiscales federales en los estados de Denver y Baltimore están revisando miles de casos de deportación para determinar qué inmigrantes indocumentados pueden permanecer en Estados Unidos -quizás por tiempo indefinido- para que las autoridades puedan reducir un retraso abrumador y se enfoquen solamente en detenidos con antecedentes penales o considerados amenazas a la seguridad nacional.
Las audiencias federales de deportación para inmigrantes que no son delincuentes y que han sido dejados en libertad fueron suspendidas el 5 de diciembre para la revisión y serán reanudadas esta semana.
Revisiones similares están planeadas en el resto del país para permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) centre sus esfuerzos en las deportaciones de inmigrantes sin papeles con antecedentes delictivos y aquellos que han sido deportados previamente.
Mientras los tribunales de inmigración en Denver han entrado en pausa, los fiscales han tenido tiempo para examinar casos, revisar el historial de residencia -para determinar por ejemplo si una persona fue traída al país de niño- además de los antecedentes delictivos.
En Denver, 25 fiscales de inmigración y tres administradores del ICE se pasaron casi todo diciembre e inicios de este mes examinando todos los documentos posibles sobre sus casos, dijo la portavoz de la agencia inmigratoria, Bárbara González.
"Ellos vienen a trabajar los fines de semana", dijo González. "Están examinando caso por caso".
Las autoridades no han dado a conocer información sobre cuántos casos van a ser colocados en baja prioridad tras la revisión.
Cuando haya concluido el proceso, los casos de personas que están ilegalmente en Estados Unidos pero que no son consideradas una amenaza social ni a la seguridad nacional van a ser colocados en suspensión administrativa y la cifra será dada a conocer.
Mencionando problemas presupuestarios, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció el año pasado que casi 300 mil casos de deportación serían revisados para determinar cuáles podían ser concluidos a "discreción de la fiscalía".
Los republicanos han criticado la política argumentando que es una forma de otorgar amnistía a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
"Es un feriado para todo el que esté en el país ilegalmente", dijo Ira Mehlman, portavoz de la Federation for American Immigration Reform (Federación para una Reforma de Inmigración, con sede en Washington DC), que se opone a la iniciativa. "Ellos están haciendo eso con la intención de anular todos los casos posibles".
Varios intentos de una reforma de inmigración han fracasado en años recientes, incluyendo la llamada Ley Dream Act (Ley del Sueño), que habría permitido a algunos inmigrantes ilegales jóvenes traídos de niños a Estados Unidos conseguir status legal si van a la universidad o se integran a las fuerzas armadas.
En junio, el director del ICE, John Morton, anunció que fiscales y agentes de inmigración considerarían el tiempo que un inmigrante ha estado en el país, sus lazos con la comunidad y la oportunidad de ser elegible para alguna forma de situación legal cuando decidiesen si solicitan o no deportación.
Denver tiene unos 7,800 casos de deportación pendientes, mientras que Baltimore tiene unos 5 mil. Las audiencias y deportaciones de inmigrantes delincuentes han proseguido en ambas ciudades. Las audiencias suspendidas solamente se relacionan con casos de inmigrantes sin antecedentes delictivos.
