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| Alejandro García Padilla. |
Redacción
Central
SAN
JUAN, PUERTO RICO.- El gobierno
puertorriqueño rema hoy en un mar incierto ante la falta de liquidez, pese a
que el ministro de la Gobernación, Víctor Suárez, reveló que se han
identificado 132 proyectos para impulsar la economía.
Suárez
aseguró que el grupo de trabajo de ajuste fiscal y económico del gobierno, que
ha sostenido 60 sesiones, ha identificado 132 proyectos en 14 estrategias para
impulsar el crecimiento monetario del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto
Rico.
“Las
próximas dos semanas serán cruciales para tener un borrador de ajuste fiscal y
económico”, dijo Suárez.
Aclaró
que la totalidad de la deuda pública de Puerto Rico, ascendente a 72 mil
millones de dólares, está sujeta al plan de ajuste que se impulsa como primer
paso hacia una renegociación con los bonistas de Wall Street.
“Nuestra
intención es hacer los pagos, pero el país tiene que renegociar las deudas para
cumplir con sus obligaciones”, anotó.
El
alto cargo público explicó que se analizan diversos escenarios para sacar al
ELA de la crisis que lo llevó hace una semana al primer impago de su deuda
pública en 63 años, tras su creación en 1952, aunque reconoció que continúa la
falta de flujo en efectivo.
Puerto
Rico incumplió hace una semana el pago de 57,9 millones a los bonistas de la
Corporación de Financiamiento Público (CFP), deuda a la que el Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) únicamente abonó 628 mil dólares en intereses.
El
gobierno de Estados Unidos, que mantiene a Puerto Rico bajo su dominio colonial
desde 1898, se negó a lanzar un rescate en medio de un anticipado naufragio
económico.
Suárez
aseguró que entre los proyectos que analiza el grupo de trabajo están la control
privado al que el gobierno abona millones de dólares.
Además,
se incluye una reforma laboral que persigue el sector patronal para
flexibilizar las leyes, lo que ya ha encontrado objeción en los sectores
sindicales porque irá en detrimento de conquistas sociales.
El
ministro de la Gobernación explicó que en el análisis han intervenido 50
funcionarios de 25 ministerios y agencias públicas, además de economistas,
académicos y abogados en atención a una agenda de trabajo “que continúa arduamente”.
