Redacción CentralEE.UU.- Escondido entre los planes del gobierno del presidente Donald Trump para enfrentar a los migrantes indocumentados hay una cláusula que seguramente enfadará a México.
Se trata de otorgar facultades a los agentes federales americanos para deportar a México a cualquier migrante capturado cruzando la frontera ilegalmente, sin importar si son mexicanos o no.
Si las tendencias actuales continúan, el nuevo plan migratorio podría llevar a los Estados Unidos a deportar a México a cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos e inclusive haitianos. Actualmente, estos migrantes son detenidos dentro de los Estados Unidos, donde se les reconoce el derecho a solicitar asilo.
Pero ahora el presidente Trump quiere que los migrantes soliciten refugio desde México, en centros de detención que México estaría potencialmente presionado a construir. Desde ahí, los migrantes se comunicarían vía videoconferencia con agentes migratorios estadounidenses.
“Esta medida lo que dice es que si quieres pedir asilo o lo que sea, nosotros analizaremos tu petición pero vas a tener que esperar en México”, dijo un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una rueda de prensa para periodistas el martes. “Los detalles los estamos trabajando dentro del Departamento y con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México… todavía hay elementos que tenemos que trabajar al detalle”.
Sin embargo, conceder nuevas facultades a los agentes migratorios estadounidenses es solo una de las medidas que el gobierno de Trump se prepara a implementar (medidas que algunos analistas consideran insostenibles) mientras procede a derogar las políticas migratorias del expresidente Barack Obama.
“La mayoría de las claúsulas de ley que estamos citando han existido por décadas”, dijo el oficial del DHS. “Estamos tratando de poner en marcha lo que el Congreso nos ha pedido que hagamos”.
Dos memos firmados por Kelly y publicados el martes señalan los planes del gobierno. Según altos funcionarios del gobierno, unos retirados y otros en actividad, estas medidas resultarán en grandes redadas contra migrantes indocumentados. Borradores de esos memos ya habían sido publicados el fin de semana por McClatchy.
Los funcionarios revelaron que dos auxiliares del procurador general Jeff Sessions escribieron los borradores del plan sin la participación del personal experimentado del DHS.
Pero las ideas no son nuevas. Muchas de las medidas descritas en los memos provienen de una ley aprobada por el Congreso en 1996 para obtener réditos políticos. Desde ese entonces, gente ligada a los órganos de seguridad y a la formulación de políticas públicas habían descartado estas medidas, describiéndolas como inaplicables o absurdas.
Sin embargo, ex altos funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos dijeron que las nuevas medidas podrían crear problemas de seguridad a lo largo de la frontera mientras las autoridades de cada país expulsan a los migrantes indeseados de un país a otro.
La Asociación de Abogados Migratorios Americanos (AILA) dijo que la propuesta del gobierno violaría las leyes americanas y algunas obligaciones de ciertos tratados internacionales. Por su parte, la probabilidad de que México acoja el plan migratorio con los brazos abiertos es tan baja como la probabilidad de que abrace la idea de pagar por el muro. “Yo esperaría que México responda con un ‘No’ enfático”, dijo Gustavo Mohar, un ex alto funcionario del gobierno mexicano en asuntos migratorios y de seguridad nacional.
Independientemente de si las medidas son viables o no, las deportaciones planeadas por el gobierno de Trump representan un giro brusco en comparación a las políticas y prácticas migratorias aplicadas en décadas anteriores.
El presidente Obama trató de centrar sus esfuerzos en deportar migrantes indocumentados que habían sido sentenciados por crímenes serios y también en deportar a aquellos que eran capturados muy poco después de ingresar ilegalmente al país. Aun así, su gobierno deportó un número record de migrantes, la mayoría de quienes habían sido acusados de cometer delitos menores o de infringir las normas migratorias.
El gobierno de Trump también ha dicho que está enfocado en deportar criminales. Sin embargo, ha expandido la definición del término hasta tal punto que ahora abarca casi cualquier actividad que pueda resultar en una sentencia. Esto incluye el haber entrado a los Estados Unidos sin autorización.
“Si alguien está presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido legalmente o si está en el país con una visa caducada, nuestras leyes de inmigración dicen que esas personas puede ser expulsadas del país”, dijo el oficial del DHS. “Cualquiera que esté infringiendo las leyes migratorias puede en teoría ser fiscalizado. El Departamento tiene recursos limitados y nosotros tendremos que enfocarnos hasta donde podamos en individuos que han cometido crímenes serios.
“Cualquiera que se haya quejado de que Obama era el ‘deportador en jefe’ desafortunadamente está por conocer lo que sucede cuando alguien es un fanático de verdad”, dijo David Martin, un abogado que fue un alto funcionario del DHS.
Greg Chen, director de políticas públicas del AILA, dijo que el plan del gobierno de Trump “en la práctica desencadenará a un ejército masivo para deportar migrantes. Este contaría con facultades extremadamente amplias para capturar migrantes como su modus operandi, y podría usar esas facultades contra quien sea que esté bajo sospecha de haber infringido las leyes migratorias”.
La pregunta del millón es cuántas de estas medidas – con todos los obstáculos legales y logísticos que yacen más adelante – podrá el presidente poner en práctica realmente.
Los memos, por ejemplo, autorizan a la Patrulla Fronteriza a contratar a 5,000 nuevos agentes, pese a que la agencia ha sido incapaz de llenar las vacantes que ya de por sí existen. Además, el 60% de sus postulantes suspenden el examen obligatorio de pasar por el detector de mentiras. Y los que sí aprueban tardan 18 meses en empezar sus funciones en la frontera.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el programa se celebró y vio como un “multiplicador de fuerzas”. Pero ya hacia el año 2010 algunos de los mayoresdepartamentos de policía del país habían abandonado el programa porque creían que doblar como agentes migratorios haría añicos la confianza entre los oficiales y las comunidades que estos habían jurado proteger.
Mientras tanto, las agencias policiales que mantenían vigente su participación – y que además pagaban por ser parte del programa – se vieron súbitamente endeudadas y plagadas de acusaciones de haber discriminado contra ciertos individuos en función a estereotipos raciales. Esto obligó al gobierno de Obama a suspender la expansión del programa.
Hasta ahora, las leyes migratorias más drásticas, conocidas como “Deportación Expedita”, se habían usado solamente contra migrantes capturados en menos de 14 días después de haber ingresado al país ilegalmente, o contra migrantes indocumentados capturados a menos de 160 kilómetros de las fronteras con Canadá o México. Sin embargo, los memos firmados por Kelly permitirían al estado usar esas leyes en cualquier lugar del país y contra cualquier migrante que haya entrado ilegalmente al país en los últimos dos años.
Algunos abogados dijeron que otras medidas también podrían encontrar serios cuestionamientos jurídicos. Entre ellos, dijeron, está el plan de autorizar a los agentes migratorios a deportar menores de edad que hayan cruzado la frontera sin acompañantes, en vez de permitir que estos se reencuentren con sus padres u otros parientes en los Estados Unidos.
La razón es que esos menores “deben haber sido abandonados por sus padres o tutores legales”, dijo el funcionario del DHS. Si se “determina que hay un padre de familia o tutor legal en los Estados Unidos, entonces el DHS tiene que examinar con rigurosidad si esa persona’’ es realmente un menor que viaja sin acompañantes.
“Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos que nadie abuse del sistema”, agregó el funcionario.
Los abogados también esperan que haya obstáculos jurídicos contra una propuesta que eliminaría las protecciones legales que garantizan que la información que el estado posee sobre los migrantes indocumentados se mantenga en reserva. Esto podría llevar a que se disemine públicamente información relacionada a pedidos de asilo o de infracciones migratorias.
“Los asesores de Trump claramente creen en un modelo de fiscalización drástica. Aparentemente creen: ‘vamos a ser muy duros, y así mucha gente se largará del país por su cuenta’”, dijo Martin, un profesor de derecho migratorio en la Universidad de Virginia. “Creen que ganarán en el tribunal de la opinión pública. Yo no estoy convencido de ello. Muchos americanos conocen migrantes indocumentados que trabajan duro. El tipo de fiscalización que proponen los asesores de Trump visiblemente creará más situaciones de solidaridad que de hostilidad”.
Y algunas de las cláusulas reconocen que podría demorarle años al DHS contratar al personal suficiente y obtener el dinero necesario para cumplir con las órdenes del presidente.
Sin embargo, algunos agentes migratorios ya han empezado a llenar el vacío legal creado por las agresivas disposiciones migratorias del presidente. Por ejemplo, han puesto en marcha redadas y llevado a cabo deportaciones que algunos defensores de una política migratoria más moderada consideran son un intento de poner a prueba los límites de las políticas actuales. Mientras tanto, el pánico ha tomado arraigo en muchas comunidades de migrantes.
