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| La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner |
BUENOS AIRES, ARGENTINA, (EFE).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que acudió hoy a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.
La exmandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio.
Aunque no declaró ni contestó preguntas, la exmandataria presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa. “Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza”, remarcó Fernández en el texto divulgado a través de sus cuentas en las redes sociales.
En el extenso escrito, titulado “De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner reitera que se siente objeto “de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes” en el país. “Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, dice Fernández, imputada en varias causas y procesada judicialmente en dos- una que investiga operaciones del Banco Central bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias. “Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa”, asevera la ex jefa de Estado.
“Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario”, subraya Fernández, quien reclama tener “derecho a ser juzgada” por “un juez imparcial”.
En su opinión, se trata de una circunstancia “que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio”. “Sólo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (…) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado”, sentencia en el escrito presentado a Bonadio. “A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas- contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública.
Un verdadero escándalo jurídico y político”, reprocha Fernández. Por último, advierte de que por la persecución a la que se ve sometida podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales de justicia.
