Por Claudio A. Caamaño Vélez
Opinión
Es
importante resaltar, que si bien nadie puede ser juzgado dos veces por
la misma causa, también es cierto que las actuaciones de autoridades
ilegítimas son nulas y se reputan inexistentes. Por lo qué el acuerdo a
que llegue la empresa Odebrecht con la Procuraduría General de la
República podrá ser anulado y desconocido en todas sus partes como si
jamás hubiese existido, y la empresa sometida a la jurisdicción penal en
la persona de sus directivos en el país.
De
demostrarse ahora o en el futuro, mediano o lejano, que se usó dinero
de la corrupción para financiar la campaña del PLD, las autoridades
vinculadas con ese dinero, elegidas en ese proceso, serán nulas. Por lo
tanto, el actual Procurador General que es designado por el Presidente,
correría la misma suerte jurídica, al igual que sus actuaciones; y
cualquier lazo que se desprenda de las mismas será fácilmente anulado y
revocado.
Por
lo que es importante que los representantes de Odebrecht estén
conscientes de este particular, y sepan que pactar con corruptos no les
saldrá barato. Que cuelen su café claro, y que no paguen ahora para
después volver a pagar.
Si
bien honrar los compromisos es parte de la continuidad jurídica del
Estado; es imprescindible entender que dar aquiescencia válida a los
actos de autoridades ilegítimas laceran la esencia misma del Estado.
Esos
que están hoy arriba, más temprano que tarde van a estar bien abajo. Y
los que ahora clamamos justicia desde la acera del frente estaremos con
las riendas en nuestras manos; manos duras y callosas, templadas por el
abuso y la búsqueda de dignidad, sedientas de respeto y justicia. El país será el mismo, pero la historia será otra.
