Redacción CentralEE.UU.- El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que impone sanciones contra Rusia y además limita su propia autoridad para levantarlas en un futuro.
La medida que ya provocó la sanción de Vladimir Putin a 755 diplomáticos estadounidenses y trabajadores rusos que laboraban en la embajada y consulados en ese país como represalia, fue aprobada por ambas cámaras del Congreso casi de manera unánime lo que hubiese provocado una eliminación del veto si Trump decidía no firmarla.
La decisión del Kremlin de tomar represalias fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado viernes, un día después de que el Senado estadounidense aprobara abrumadoramente las nuevas sanciones.
La legislación aprobada en el Congreso fue una suerte de respuesta a los informes de la comunidad de inteligencia de EEUU que concluyeron que Rusia interfirió mediante hackeos las elecciones presidenciales de 2016. También fue un paso más al convertir en ley la acción ejecutiva que fue firmada por el presidente Barack Obama antes de dejar el poder.
Trump en todo caso dijo que la ley es "seriamente defectuosa" ya que -asegura- limita su habilidad de negociar sanciones sin la aprobación del Congreso.
"Al limitar la flexibilidad del Ejecutivo, esta ley hace más difícil para Estados Unidos lograr buenos acuerdos para el pueblo estadounidense que provocarán que China, Rusia y Corea del Norte se unan más", dijo en un comunicado. "El marco de nuestra Constitución pone la política exterior en las manos del presidente".
"Esperamos que haya cooperación entre los dos países en asuntos globales importantes que provoquen que estas sanciones ya no sean necesarias".
El mandatario dijo que a pesar de todas estas críticas firmaba la ley "por el bien de la unidad nacional".
La ley establece nuevas sanciones financieras y codifica las que ya existían tras la invasión y anexión rusa de la Península de Crimea en Ucrania, así como por su papel en la intervención en los comicios de noviembre del año pasado.
La legislación es el primer proyecto importante de política exterior aprobado por el Congreso desde la llegada a la Casa Blanca de Trump, que ha tenido problemas con su agenda doméstica pese a que los republicanos controlan las dos cámaras.
