Redacción Central
Fuente. UnivisionEl presidente Trump regresó a la Casa Blanca con la idea de desmontar el aparato del Estado que en su primera gestión no pudo concretar. Algunos advierten que se politizará el servicio civil, mientras el sector público será más ineficiente en perjuicio del ciudadano.
EE.UU.- La discusión sobre el tamaño de la burocracia gubernamental y su eficiencia (o falta de ella) es casi tan vieja como el país. Y aunque en el pasado se hicieron esfuerzos para reducirla, la guerra que contra ella ha desatado Donald Trump desde su regreso al poder no tiene paralelos en cuanto a sus pretensiones y, sobre todo, sus métodos.
La semana pasada, Trump anunció un controvertido cambio para empleados gubernamentales detallado en el conservador Proyecto 2025: la reclasificación de 50,000 empleados federales bajo el Anexo F, que los convierte en puestos de nombramientos políticos y otros contratos de más fácil remoción. Básicamente, les quita la protección laboral con la que cuentan como miembros del servicio civil.
La propuesta surge de una orden ejecutiva que Trump firmó poco después de retomar la presidencia como parte de su esfuerzo por reducir la burocracia en varios departamentos y agencias bajo el nuevo gobierno.
"Si estos empleados gubernamentales se niegan a promover los intereses políticos del presidente o incurren en conductas corruptas, ya no deberían tener trabajo. Esto es de sentido común y permitirá que el gobierno federal finalmente se gestione como un negocio", escribió el mandatario en sus redes sociales.
Lo que al presidente le parece “sentido común” para otros pone en peligro la institucionalidad y abre las puertas a un manejo potencialmente corrupto de los empleos federales, independientemente de quién esté en el poder, sea republicano o demócrata. Algo que pasaba siglo y medio atrás.
Meritocracia para una democracia funcional
Cuando a fines del siglo XIX EEUU se proyectaba como una potencia en crecimiento, el Congreso decidió que una democracia estable necesitaba de una burocracia ajena a los vaivenes electorales, que garantizara el funcionamiento del aparato del Estado, y en 1883 creó la Ley Pendleton, que limitaba la injerencia de los partidos políticos en las contrataciones. Fue el principio de la meritocracia y un servicio civil profesional.
En los años 30 del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt sextuplicó el número de empleados federales, en parte por la creación de nuevas agencias creadas para administrar los programas del gobierno y en parte para dar empleo a muchos de los que había quedado sin trabajo durante la Gran Depresión.
La gestión liberal de Roosevelt buscaba dotar a EEUU de un Estado de bienestar al estilo europeo, con la creación de servicios sociales y el Seguro Social, y aunque no logró conformarlo del todo generó la animadversión de muchos conservadores, que personificaron en esa expansión del servicio público todo lo malo de lo que acusan al gobierno, es decir, ineficiencia, corrupción e injerencia en la vida de los ciudadanos.
Ese es el mismo sentimiento que explota Donald Trump en su cruzada contra el gobierno federal, que él ha descrito como un “Estado profundo” integrado por funcionarios no elegidos por la ciudadanía que son capaces de moderar y hasta alterar las políticas que él quiere llevar a cabo desde la presidencia.
La semana pasada, Trump anunció un controvertido cambio para empleados gubernamentales detallado en el conservador Proyecto 2025: la reclasificación de 50,000 empleados federales bajo el Anexo F, que los convierte en puestos de nombramientos políticos y otros contratos de más fácil remoción. Básicamente, les quita la protección laboral con la que cuentan como miembros del servicio civil.
La propuesta surge de una orden ejecutiva que Trump firmó poco después de retomar la presidencia como parte de su esfuerzo por reducir la burocracia en varios departamentos y agencias bajo el nuevo gobierno.
"Si estos empleados gubernamentales se niegan a promover los intereses políticos del presidente o incurren en conductas corruptas, ya no deberían tener trabajo. Esto es de sentido común y permitirá que el gobierno federal finalmente se gestione como un negocio", escribió el mandatario en sus redes sociales.
Lo que al presidente le parece “sentido común” para otros pone en peligro la institucionalidad y abre las puertas a un manejo potencialmente corrupto de los empleos federales, independientemente de quién esté en el poder, sea republicano o demócrata. Algo que pasaba siglo y medio atrás.
Meritocracia para una democracia funcional
Cuando a fines del siglo XIX EEUU se proyectaba como una potencia en crecimiento, el Congreso decidió que una democracia estable necesitaba de una burocracia ajena a los vaivenes electorales, que garantizara el funcionamiento del aparato del Estado, y en 1883 creó la Ley Pendleton, que limitaba la injerencia de los partidos políticos en las contrataciones. Fue el principio de la meritocracia y un servicio civil profesional.
En los años 30 del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt sextuplicó el número de empleados federales, en parte por la creación de nuevas agencias creadas para administrar los programas del gobierno y en parte para dar empleo a muchos de los que había quedado sin trabajo durante la Gran Depresión.
La gestión liberal de Roosevelt buscaba dotar a EEUU de un Estado de bienestar al estilo europeo, con la creación de servicios sociales y el Seguro Social, y aunque no logró conformarlo del todo generó la animadversión de muchos conservadores, que personificaron en esa expansión del servicio público todo lo malo de lo que acusan al gobierno, es decir, ineficiencia, corrupción e injerencia en la vida de los ciudadanos.
Ese es el mismo sentimiento que explota Donald Trump en su cruzada contra el gobierno federal, que él ha descrito como un “Estado profundo” integrado por funcionarios no elegidos por la ciudadanía que son capaces de moderar y hasta alterar las políticas que él quiere llevar a cabo desde la presidencia.
