Redacción Central
MEXICO.- Al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, la organización Amnistía Internacional (AI),
deploró la falta de coherencia de las cifras oficiales sobre las
personas desaparecidas en México y señaló que el Gobierno no ha
demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los
familiares.
La organización defensora de los
derechos humanos sostuvo que "prevalece la confusión que ha marcado
diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis".
De acuerdo con AI, "una vez más, el
Gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas,
sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna".
"No queda claro cómo estas 22,322
personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de
Gobernación el 22 de mayo, que se referían a 8,000 personas, y el 16 de
junio, que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas",
anotó.
También expresa preocupación porque en las cifras no se especifica cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada.
Destaca que, a pesar de que en
muchos casos funcionarios públicos están implicados, casi no hay
procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.
"Los pronunciamientos de
representantes del Gobierno sobre la crisis de víctimas de desaparición
plantean más preguntas que respuestas", indicó el comunicado.
La organización no gubernamental
sostuvo que si bien la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda es
un paso importante para abordar el problema, "no se ha brindado
evidencia de que en el día a día las víctimas y sus familiares estén
recibiendo una mejor atención".
Tampoco se ha demostrado, añadió,
que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y
que lleven ante la justicia a los responsables, sean funcionarios
públicos o delincuentes comunes.
El Gobierno mexicano presentó el
pasado 21 de agosto su más reciente recuento de personas no localizadas,
con un total de 22,322 casos, de los cuales 44 % corresponde al periodo
de gestión del actual presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en
diciembre de 2012.
El Congreso mexicano aprobó en
marzo de 2012 una iniciativa que obligaba al Gobierno federal a abrir
una base de datos electrónica de personas extraviadas o desaparecidas
con el fin de dar seguimiento a los casos denunciados, tras haberse
disparado este problema a raíz de la lucha gubernamental contra el
crimen organizado.
Llaman a reconocer el comité de de la ONU
En tanto, la ONU llamó al Estado
mexicano a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU y a emitir una legislación general e integral en
materia de desaparición de personas.
Tras destacar que esta fecha es una
nueva ocasión para manifestar su más profunda solidaridad con las
víctimas de desaparición y sus familias en el país, la OACNUDH recordó
que en México esta conmemoración se enmarca en el 40 aniversario de la
desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por
elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
En este contexto, el organismo
insistió en que como muestra de su compromiso con las víctimas de este
delito y con la comunidad internacional, el Estado mexicano debería
reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la
ONU, tal como le fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Consejo de Derechos Humanos
en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal.
De igual forma, hizo un llamado al
Poder Legislativo para que emita una norma general e integral en materia
de desaparición de personas acorde con los compromisos internacionales
adoptados por el Estado mexicano, que retome y fortalezca las diversas
iniciativas presentadas, incluida la del presidente de la República.
