Por la Redacción Central
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, reiteró que no es cierto lo que un cable divulgado por el sitio de internet Wikileaks le atribuye a él haber dicho respecto al vicepresidente de este tribunal, Rafael Luciano Pichardo.
Calificó como “chisme” lo dicho en ese cable, el cual fue enviado al Departamento de Estado en el 2006 por el entonces embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell. El contenido de dicha comunicación fue revelado la semana pasada por el informativo Noticias SIN, luego que se lo suministrara Wikileaks.
Subero indicó que sus palabras deben tener mayor veracidad que las contenidas en el cable y dijo que, a pesar de las repercusiones que ha tenido a nivel de opinión pública, este caso no ha sido discutido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ni en el Consejo del Poder Judicial, porque carece de credibilidad.
“Tienen que creer más en mi palabra que lo que dice un cable”, enfatizó, tras indicar que las relaciones con la embajada de EEUU luego de las declaraciones han quedado como siempre, de forma diplomática y que no se ha establecido ningún tipo de comunicación.
Dijo que no solamente hubo conversaciones con Hertell, sino con otros diplomáticos que no hablaban nada de español, por lo que las inexactitudes pueden estar atribuidas al idioma.
El cable que Hertel habría enviado en 2006 da cuenta de que en esa oportunidad el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo al diplomático y a otro colega suyo que el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, le había admitido, tanto a él como a otros magistrados de este tribunal, que “había aceptado $40,000 dólares de alguien cuyo nombre no mencionó, pero que no había sido a cambio de nada, explícita o implícitamente”. Agrega que Subero señaló además, que “dos de los hijos de Pichardo también estaban involucrados al aceptar grandes sumas de dinero y que se sabe que Pichardo le pidió al juez que presidió en el juicio criminal contra Baninter que “tuviera cierta flexibilidad” en cuanto a las mociones de la defensa”.
Subero fue entrevistado por periodistas cuando recibía a un acto un reconocimiento organizado por el Patronato de Apoyo al Ministerio Público.
Por otra parte, dijo que el problema de los embargos irregulares desde el ámbito judicial debe ser enfrentado con la designación de un juez de aplicación de la sentencia en materia laboral, civil, de tierra y otros, tal y como ocurre con el juez ejecutor de la pena.
Explicó que esta figura tendría que ser creada mediante legislación. Sobre el particular se refirió a las inquietudes de la población en el caso de las denuncias de empresarios y gremios que se quejan de los embargos irregulares en distintas partes del país.
Manifestó que el Departamento de Inspectoría Judicial está apoderado del caso de los embargos judiciales irregulares, por lo que espera un informe sobre el particular.
Reiteró que apoya que sea el juez de la Ejecución de la Pena que se encargue de esas acciones.
Informó analizan qué procedimiento se utilizan con los recursos de inconstitucionalidad sometidos antes de la aprobación de la Ley que crea el Tribunal Constitucional, tras señalar que esa misma legislación prevé como se debe actuar ante esas acciones, las cuales requieren las opiniones del Procurador General de la República, del Congreso Nacional y la celebración de vistas públicas.
Reconoció que la SCJ ha sido tímida en el conocimiento de ese tipo de recurso, pero dijo que es que hay muchos.
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