Fuente. Univsion
Tras un fallo en una corte de apelaciones en Boston, ya son cinco los tribunales federales que han rechazado la orden ejecutiva de Trump que busca poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de personas que están en Estados Unidos ilegal o temporalmente. Es casi seguro que la Corte Suprema tendrá la última palabra.
El viernes, un tribunal más falló en el caso, y el resultado no fue diferente. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos en Boston dijo, en una decisión unánime, que el presidente republicano no puede hacer cumplir la orden. El tribunal se unió a los otros cuatro que anteriormente habían emitido o confirmado decisiones que la bloqueaban en todo el país.
Es casi seguro que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento y el plan de Trump para limitarla. La administración ya pidió al alto tribunal que se ocupe de la cuestión.
Los jueces federales han dejado claro hasta qué punto su orden entra en conflicto con los precedentes del Supremo, por no hablar de la Constitución.
El Tribunal Supremo no está obligado por lo que hayan dicho esos jueces de tribunales inferiores o incluso por sus propias sentencias anteriores. No obstante, esas derrotas podrían significar una lucha cuesta arriba para su administración incluso ante los jueces, que hasta ahora se han puesto del lado del presidente en muchos otros desafíos legales a su esfuerzo por rehacer el gobierno.
¿Qué dice la 14ª Enmienda de la Constitución?
El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido durante mucho tiempo un principio básico en Estados Unidos, ampliamente aceptado como otorgado por la 14ª Enmienda a la Constitución en 1868. Su objetivo era garantizar que las personas de raza negra, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía.
La enmienda incluye una cláusula de ciudadanía que establece que son ciudadanos todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y "sujetas a su jurisdicción".
Los abogados de la administración Trump han argumentado que la inclusión de la frase "sujetos a su jurisdicción" significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los hijos por el hecho de nacer en Estados Unidos. Sostienen que exige que los hijos tengan lealtad primaria a Estados Unidos, y las personas que se encuentran en Estados Unidos ilegal o temporalmente —y, por extensión, sus hijos— no pueden reclamarla porque su hogar permanente es otro país al que está vinculada esa lealtad.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado el viernes que el 1er Circuito estaba malinterpretando la 14ª Enmienda.
Los juristas afirman que la interpretación de la administración se ve contrarrestada por la historia de la enmienda y las posteriores sentencias del Tribunal Supremo.
Los expertos afirman que los miembros del Congreso que debatieron la enmienda entendieron claramente que establecería una definición amplia de ciudadanía por derecho de nacimiento que incluiría a los hijos de inmigrantes, y entendieron la frase "sujetos a su jurisdicción" como sujetos a la legislación estadounidense. Los hijos de nativos americanos en tierras tribales y los hijos de diplomáticos extranjeros —ambos con inmunidad frente a la autoridad soberana de Estados Unidos— eran los principales grupos de personas que la cláusula pretendía excluir de la ciudadanía por derecho de nacimiento, según los expertos.
Sentencias del Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento
En 1898, el Tribunal Supremo, en una decisión histórica, dictaminó que el hijo de unos inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense en virtud de la 14ª Enmienda, basándose en su nacimiento en San Francisco. El alto tribunal nunca se ha pronunciado directamente sobre la aplicación de la cláusula de ciudadanía a los hijos de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero una nota a pie de página en una decisión de 1982 sugiere que no debería haber diferencia entre ellos y los hijos de padres nacidos en el extranjero que se encuentran legalmente en Estados Unidos.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema se ocupó a principios de este año de la impugnación de la orden de derecho de nacimiento, pero no se pronunció sobre su constitucionalidad. En su lugar, el tribunal utilizó el caso para emitir un fallo en junio que limita el poder de los tribunales inferiores para dictar medidas cautelares a nivel nacional, una victoria para la administración federal.
Decisiones de tribunales inferiores
Empezando por un juez federal de New Hampshire, un tribunal tras otro han bloqueado la orden. En junio, los jueces no descartaron las órdenes judiciales con efectos a escala nacional en demandas colectivas y demandas presentadas por los estados.
Dos de los jueces que fallaron recientemente contra la orden de derecho de nacimiento de Trump certificaron una clase de todos los niños nacidos en Estados Unidos después de la fecha de entrada en vigor de la orden en febrero, a los que se denegaría la ciudadanía sobre la base de la misma.
En otras dos sentencias, los tribunales se mostraron de acuerdo con los estados en que un enfoque fragmentario de la aplicación de la orden no les aliviaría de su carga financiera, señalando el movimiento regular de personas entre estados y la posibilidad de que un residente estatal dé a luz en otro estado.
El estatus de ciudadanía es un requisito previo para acceder a determinadas prestaciones públicas, por lo que los estados demandantes tendrían que revisar sus sistemas de elegibilidad para tener en cuenta tales distinciones, según las sentencias del 9º Circuito de Estados Unidos y de un juez federal de Boston.
El 1er Circuito dijo que su decisión era fácil.
"La longitud de nuestro análisis no debe confundirse con una señal de que la cuestión fundamental que estos casos plantean sobre el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento es difícil", escribió el juez presidente David Barron.
"No lo es, lo que puede explicar por qué ha pasado más de un siglo desde que una rama de nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo tan concertado como el que ahora hace el Poder Ejecutivo para negar a los estadounidenses su derecho de nacimiento".
En su declaración del viernes, Jackson dijo que la administración esperaba "ser reivindicada por el Tribunal Supremo".
Para aplicar la orden, los funcionarios del gobierno tendrían que confirmar la ciudadanía o la condición de inmigrante de los padres antes de expedir los números del Seguro Social. Las solicitudes de pasaporte también requerirán una prueba de la ciudadanía o la condición de inmigrante de los padres, según documentos de orientación recientes de la administración.99
